El especialista en Derecho Administrativo Sancionatorio resalta la importancia de la implementación de dispositivos de control preventivo en las entidades públicas para luchar contra la corrupción, en oposición a la sobrerregulación.
Por Gabriela Hernández. 07 julio, 2022. Publicado en Correo, el 7 de julio de 2022.
Ante la aprobación del Congreso de la República, de la reforma constitucional que faculta a la Contraloría a acceder al secreto bancario y de reserva tributaria de los investigados por corrupción, el jurista Jorge Rincón, catedrático de la Universidad Externado (Colombia) y profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), comenta algunos aspectos de la corrupción en América Latina.
El especialista en Derecho Administrativo Sancionatorio resalta la importancia de la implementación de dispositivos de control preventivo en las entidades públicas para luchar contra la corrupción, en oposición a la sobrerregulación. Asimismo, explica la necesidad de realizar reformas en los regímenes de contratación pública para la lucha contra la corrupción.
En el último tiempo, la Contraloría ha pasado a tener mayores potestades sancionadoras. ¿Qué opina al respecto?
La existencia de la Contraloría de la República responde a la necesidad de que parte de la potestad disciplinaria le corresponda una institución ajena a la entidad donde se ejerce el servidor público. Esto no es ni malo ni bueno, sencillamente es un modelo diferente en el cual se pretende otorgar la mayor imparcialidad posible a un órgano de control que se considere independiente dentro de la estructura institucional.
Sin embargo, la corrupción empeora. ¿Qué medidas deben tomarse para que la labor de esta institución cumpla con su cometido?
Las grandes reformas legislativas no deben hacerse con el objetivo de generar impactos mediáticos. Esto es creer que algunos temas, como la corrupción se solucionan, sencillamente, dando más posibilidades sancionatorias. Creo, de forma particular, que lo que hace falta en nuestros países es diseñar caminos preventivos; esto es elaborar mejores códigos de integridad donde los servidores públicos establezcan valores éticos efectivos y canales para identificar muy rápidamente cuándo los intereses individuales se anteponen a intereses misionales o colectivos de la entidad.
¿Cómo deben ser estos dispositivos preventivos?
Creo que es necesario establecer un buen mecanismo de control interno, de gestión, donde haya transparencia en la información que se maneja, donde sepamos cómo es el relacionamiento con los servidores públicos, donde haya instancias para colocar quejas que sean atendidas de manera muy rápida… Cuando la sanción se utiliza como finalidad, algo está mal en el sistema. No es mejor sistema el que más sanciona. De hecho, la potestad sancionadora es más eficaz cuando logra que menos personas cometan los mismos comportamientos equivocados.
El Perú es un país sobrerregulado, ¿cómo impacta esto en la lucha contra la corrupción?
Recordemos que no es más transparente lo que más procedimientos y normas tiene. De hecho, en las organizaciones, la lógica de la simplificación en el manejo de los recursos, la información, los trámites, etc., genera mayor transparencia. Entre más transparente sea lo que hacemos al interior de las entidades, menos corrupción tenemos. Desafortunadamente, el sistema peruano, y el latinoamericano en general, tiende a todo lo contrario: llenar las instituciones de regulaciones excesivas, de requisitos, de papeleo, trámites, etc.
El control se dificulta en este contexto…
Esto no genera un control real. Lo que genera es una distorsión del sistema, genera grietas a través de la confusión, se vuelven opacas las instituciones por el exceso de trámites administrativos.
¿Qué hacer para que la cultura del control preventivo en las instituciones públicas cale y se traduzca en mecanismos reales de lucha contra la corrupción?
Lo primero que debe suceder es que la función pública esté en la agenda política. Es raro que los candidatos traten el tema del régimen laboral de los servidores públicos cuando proponen grandes reformas del Estado. Lo subrayo porque las entidades son, finalmente, un conjunto de puestos de trabajo manejados por personas y, si esas personas no son correctamente seleccionadas, evaluadas en su desempeño o sancionadas cuando se equivocan; y si no hay filtros que controlen lo que hacen de forma adecuada y hay precarización laboral, el Estado no funciona.
En este sentido, ¿por qué debe haber injerencia sobre las contrataciones públicas para enfrentar la corrupción?
Cuando en la administración pública existen figuras como los contratos temporales, interinos o de prestadores de servicios, es muy probable que estas se conviertan en botines que se reparten en las campañas electorales. Estos contratos son la promesa de los contendores políticos.
¿De qué manera contrarrestar esta situación?
Se debe volver a una lógica de estabilidad laboral en el empleo público; creo que esa es una garantía. Un trabajador estable tiene la capacidad de tomar decisiones sensatas y coherentes porque su trabajo no depende del gobernante de turno. Las figuras efímeras en la administración pública, a veces, hacen que las personas, cuyo trabajo y manutención dependen de los gobernantes, estén condicionadas a las malas prácticas de estos. Además, no queda memoria institucional porque los empleados son itinerantes; es nefasto para la administración pública. No se puede continuar precarizando el empleo público.
Esto no implica que al funcionario de carrera no se le revise y evalúe. También hay que evaluar su desempeño e impedir que tenga comportamientos abusivos. Es necesario encontrar un justo medio.
